RESEÑAS
INTRODUCCIÓN
(5 primeras páginas)
El 5 de octubre de 2017, fuerzas estatales abrieron fuego contra un grupo de manifestantes en la pequeña comunidad de El Tandil, cerca de la frontera con Ecuador. Durante los diez días previos a la masacre,
los cultivadores de coca de El Tandil habían exigido que el gobierno nacional implementara los Acuerdos de Paz de 2016 con las FARC-EP. Los Acuerdos
supuestamente garantizaban el apoyo a los cultivadores de coca que quisieran
sustituir sus cultivos de uso ilícito y transitar hacia una economía legal. En
lugar de brindar alternativas a los cultivadores de coca, el estado mató a siete
personas e hirió a más de veinte.
Aunque después el gobierno responsabilizó de la violencia a supuestos
disidentes de las FARC-EP, los testigos afirmaron que el ataque fue
injustificado (1). Más de cinco años después, los perpetradores todavía no hanrendido cuentas con la justicia y los cultivadores de coca de la región donde
se encuentra El Tandil continúan cultivando, contribuyendo con ello a la
producción de cocaína para el mercado global.
Uno de los sobrevivientes de la masacre, José Hernán de la Cruz, le dijo al periódico El Espectador:
Qué gran engaño nos llevamos nosotros los que vivimos en medio de
las balas, en medio del conflicto armado. Qué engaño tan berraco saber
que llega el Ejército y llega la Policía y que, prácticamente, en este momento
fueran como los peores enemigos. Yo qué voy a confiar en esta gente con lo que me hicieron, a mí me invalidaron un brazo, yo tengo
todo este brazo reconstruido.
Hasta el momento no cabe en mi pensamiento y en mi forma de vivir
de que yo al frente de la misma autoridad, reclamándole unos derechos,
y la misma autoridad comenzara a disparar contra nosotros los campesinos,
si nosotros estábamos reclamando algo que era justo (2).
La masacre de El Tandil destruyó la ilusión de paz que el gobierno colombiano
trató de proyectar al mundo, pero no fue una sorpresa para quienes
están familiarizados con los medios violentos utilizados para reprimir el cambio
social en este país. Inmediatamente después de la firma de los Acuerdos
de Paz, las comunidades que se suponía que iban a beneficiarse más de esta
paz siguieron siendo oprimidas, mientras comenzaba la constante eliminación
de los antiguos combatientes de las FARC-EP que participaron en el proceso
de paz. La guerra continuó.
El “engaño” al que se refería de la Cruz tras la masacre de El Tandil se
encuentra en el núcleo del contrato social que, teóricamente, mantiene unido
al lugar llamado Colombia. Es la violencia fundante y siempre presente del estado y el capitalismo (3). El estado, como el capitalismo, no es un rasgo transhistórico
de la historia humana (4). Es una forma históricamente específica de
autoridad patriarcal cuyo nacimiento estuvo entretejido con las bases racistas
de la modernidad colonial-capitalista. Colombia, como uno de esos modelos
de estado, obtuvo su independencia de España en 1819, y sus gobernantes se
dispusieron a establecer su dominio dentro de sus siempre cambiantes fronteras
a través de la violencia y el estado de derecho. Nombrado en honor a Cristobal Colón, Colombia forjó una ciudadanía y una identidad nacional a lo largo de los siglos. Como estado en busca de súbditos, el discurso de la pertenencia nacional se basó en formas de dominación racializada y de género, con la blanquitud criolla como su forma idealizada (5). Esto estableció a los pueblos indígenas y a los descendientes de africanos esclavizados –junto con sus relaciones diversas y en ocasiones contradictorias con el territorio– como obstáculos para la formación estatal colombiana. Por lo tanto, el estado colombiano tomó forma a través de la imposición, inherentemente violenta, de
un contrato social basado en el sostenimiento del capitalismo colonial (6).
En 2022 –260 años después de que Rousseau escribiera Del contrato social: o los principios del derecho político– Gustavo Petro y Francia Márquez prometieron
un “nuevo contrato social” en la primera página de su programa, con el que se comprometían a convertir a Colombia en una “potencia mundial de la vida” y a lograr la “Paz Total” (7). Su elección marcó la inauguración del primer gobierno progresista en la historia del país. Petro, un exguerrillero del M-19 que afirma que Rousseau inspiró su interés en la historia cuando era adolescente, emprendió una misión para transformar el estado expandiendo su ámbito de influencia (8). Tras la victoria, en su discurso de celebración dijo ante el público: “Vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia, no porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia” (9). Al decir esto, reiteró un lugar común sobre la formación de estado que atribuye la violencia, el atraso y el subdesarrollo a la ausencia del capitalismo y del estado (10). Este lugar común no solo encubre las múltiples maneras
en las que el estado y el capital están presentes en regiones consideradas como
fronteras ingobernables, sino que también establece al capital y al estado
como la solución a la violencia, ignorando de esa manera su papel activo en
la producción de esta. A pesar de presentarse como una novedad, el planteamiento
de la administración de Petro sobre el contrato social y lo que se conocería
como la “Paz Total” siguió estando explícitamente comprometido
con una forma de desarrollo capitalista facilitado por el estado.
Por siglos, la idea de un contrato social como la base de la comunidad política ha servido como una de las principales justificaciones para la soberanía de los estados (11). A través del contrato social –dice el relato– los hombres se someten a una autoridad superior en nombre de un bien común vagamente
definido (12). No obstante, aunque el término “contrato” sugiere un acuerdo consciente consumado por la ley, las incontables personas masacradas en nombre de la formación del estado no firmaron voluntariamente para entregar sus vidas a su servicio. Al escribir en 1762, mientras las fuerzas del colonialismo europeo continuaban expandiéndose por el planeta, Rousseau
incluyó la siguiente advertencia en su tratado sobre el contrato social: “Bajo malos gobiernos esta igualdad es solo aparente e ilusoria; solo sirve para mantener a los pobres en su miseria y a los ricos en su usurpación. De hecho, las leyes son siempre útiles a aquellos que poseen y perjudiciales para quienes no tienen nada” (13). Como lo atestiguó De la Cruz en su denuncia de la masacre de El Tandil, el contrato social no fue tan democrático, justo e igualitario como lo parecía ser.
Desde los primeros días de la colonización, la ley –en particular en relación con la propiedad privada– ha sido crucial para la codificación y continuación del capitalismo colonial y la formación de estado (14). Desde el sistema de resguardo y las “gracias al sacar” (el derecho legal de los africanos esclavizados
para “comprar blanquitud”) establecidos por el Imperio español hasta las formas contemporáneas de reconocimiento multicultural, estas leyes extendieron
la promesa de lo que Silvia Rivera Cusicanqui llama la “inclusión condicionada”
a aquellos dispuestos a acatar las reglas del proyecto colonial y el castigo para quienes se rebelaran (15). Este proyecto colonial ha girado en torno a garantizar la sumisión a una forma particular de autoridad que emana de
Europa y se deriva su fuerza de eliminar alternativas al sistema a través de la
violencia y la asimilación.
Enmarcado en esta perspectiva, el discurso que prevalece alrededor de la
paz en Colombia debe entenderse dentro de una historia más larga de pacificación,
con la que comparte la raíz latina pax. Los orígenes de la pacificación
en lo que ahora llaman Colombia se pueden rastrear al menos hasta 1573 con
el mandato del rey Felipe II de abandonar el lenguaje de la conquista por el
lenguaje de la pacificación. Las “Ordenanzas de descubrimientos, nueva población
y pacificación de las Indias” del Imperio español se hicieron ley en
medio de críticas interesadas de otras potencias europeas sobre la brutalidad,
ostensiblemente excepcional, de España como poder colonial. El cambio retórico
hacia la pacificación en el lenguaje oficial del Imperio español no inspiró
una divergencia de la estructura genocida del desarrollo capitalista colonial,
pero sí reveló una preocupación por exponer la vacuidad de las convicciones
religiosas y morales que sirvieron como justificaciones ideológicas para
la colonización. En La conquista de América: el problema del otro, Tzvetan Todorov
dice: “El texto [de las Ordenanzas] no podría ser más explícito a este
respecto: lo que hay que desterrar no son las conquistas, sino la palabra conquista;
la ‘pacificación’ no es sino otra palabra para designar lo mismo” (16).
Para el siglo XX, la “pacificación” se convirtió en parte de la lengua franca de
contrainsurgencia, a medida que las potencias coloniales intentaron sofocar
en todo el mundo las resistencias nativas y consolidar su control sobre la tierra
y la vida. Resulta esclarecedor, por lo tanto, regresar a la raíz de las palabras
“paz” y “pacificación”. Según Mark Neocleous en War Power, Police Power: “Lo
que se connota con la palabra pax, y por lo tanto también 'paz', no es una
ausencia de conflicto o el hacer un pacto, sino la imposición de la hegemonía
y la dominación logradas a través de la conquista y mantenida por las armas
[…]. Pax era y es una paz de los ganadores, lograda por medio de la guerra y
la conquista” (17). Al operar a través del lenguaje aparentemente más tolerable
de la pax, la pacificación fungió como uno de los principales métodos de
asentamiento en las Américas y la paz fue su progenie.
Este libro explora cómo el discurso dominante sobre la paz en Colombia
está moldeado por y moldea al capitalismo colonial. Al establecer la consolidación
de la soberanía del estado como el antídoto a la violencia, este discurso
da por sentado que la paz estadocéntrica consiste en una forma totalizante de
colonización dependiente del genocidio y de la eliminación de las alternativas
a ella (18). La paz, como la guerra, impone un marco de pensamiento y acción
política que da forma a las relaciones sociales. Este proceso de subyugación,
no obstante, siempre es incompleto.
Otro de los sobrevivientes de la masacre de El Tandil describió sus esfuerzos
por obtener justicia a través del sistema legal como “nadar contra la corriente” (19). Esta frustración ha surgido en prácticamente todas las reuniones, marchas
o movilizaciones a las que he asistido. Desde los sobrevivientes de la masacre
de El Tandil hasta los consejos comunitarios afrocolombianos en la costa
Pacífica, pasando por los puntos de resistencia en la ciudad de Cali, la gente
comparte historias sobre cómo la violencia, el capitalismo y el estado se interponen
en sus posibilidades de vivir libres mientras luchan por un futuro
mejor. En teoría, el estado debería protegerlos, pero, en cambio, se manifiesta
principalmente bajo la figura de un agente de policía hostil o de un burócrata
ineficaz. Las formas disidentes de paz surgen del rechazo al statu quo y del
potencial de sus luchas por la autonomía frente a este.
Notas al pie:
1) A lo largo del libro utilizo la palabra “disidente” de una manera diferente al uso popular del
término en Colombia tras los Acuerdos de Paz de 2016. Para el 2024, el término se utilizaba
principalmente como adjetivo para describir a las facciones que se separaron de las FARC-EP o
que afirman ser sus sucesoras. Estos grupos armados siguen ejerciendo la violencia en muchas de
las comunidades donde viví y trabajé, y su programa político, tanto en la teoría como en la práctica,
entra en conflicto con el propósito de este libro. Ninguno de estos grupos se identifica a sí mismo
como “disidente”, sino que afirman ser la continuación del proyecto político de las FARC-EP. Por
ello, mi uso del término de ninguna manera debe confundirse con simpatía hacia ellos. Interpreto
el uso popular del término “disidente” como un intento de limitar la imaginación política mediante la moralización y la estigmatización de un abordaje de la política que surge de una conciencia crítica.
En lugar de ceder nuestro lenguaje al impulso normativo de la política dominante, quiero recuperar
el valor de la disidencia como principio organizativo.
2) Víctimas de la masacre 2020.
3) Véase Benjamin (1996) para una discusión fértil sobre la relación entre la violencia fundadora
del derecho y la conservadora del derecho.
4) Véase Skinner (1989) para una genealogía útil de “estado”; el capítulo de Wallerstein sobre “La monarquía absoluta y el estatismo” en el Volumen 1 de El moderno sistema mundial es particularmente
útil para entender las primeras etapas de la formación de estado (2011); y Holloway (1994) proporciona un análisis crucial de cómo las relaciones sociales de estado y capital están entrelazadas
5) Véase Arias Vanegas (2007), Echeverri (2016), Lasso (2017) y Rojas (2001) para enfoques críticos sobre la temprana formación de estado en Colombia y su relación con la raza. Véase el capítulo 3 de este libro para mi abordaje de la “blanquitud criolla”
6) Rivera Cusicanqui (2010) analiza “el proceso de ciudadanía forzada” como una característica del modelo civilizatorio occidental (58).
7) Petro y Márquez, 2022, 6, 50.
8) Petro 2021, 20.
9) Petro (2022). Reiteró específicamente esta declaración en su discurso en el Foro de Reactivación
Económica dos años después de asumir el cargo (Petro 2024).
10) De manera notable, la mayoría de los análisis de este tema hacen énfasis con razón en la ausencia del estado. Sin embargo, como se observa en la declaración de Petro, hay una creencia generalizada de que la ausencia del desarrollo capitalista también es causa de la violencia y del supuesto atraso.
Para más sobre el tema de la ausencia del estado en Colombia, véase Ballve (2021) y Serje (2011).
11) Burnyeat y Johansson (2022) ofrecen un resumen útil de los enfoques de la teoría del contrato social. El artículo de Burnyeat en el mismo número especial (2022) ofrece un análisis valioso sobre cómo los funcionarios de la administración de Juan Manuel Santos buscaron promulgar un
“contrato social liberal” después de los Acuerdos de Paz de 2016 con las FARC-EP.
12) Aquí utilizo intencionalmente la palabra “hombres” con las implicaciones raciales y de género que acarrea (véase Wynter 2003)
13) Rousseau 2002, 169.
14) Para evaluaciones rigurosas de este tema más allá del contexto específicamente latinoamericano,
véase Bhandar (2018), Harris (1993) y Moreton-Robinson (2015).
15) Friede (1969) incluye una esclarecedora historia del desarrollo del sistema de resguardos en
Colombia. Twinam (2015) hace un resumen de los debates académicos sobre las “gracias al sacar”. Barragán (2021) ofrece un análisis crítico sobre la abolición de la esclavitud en Colombia y sus implicaciones sobre el significado de la libertad. Véase Rivera Cusicanqui (2012) para más sobre su
uso de la “inclusión condicionada” en relación con el multiculturalismo. Arias Vanegas (2007) ofrece una mirada en profundidad sobre cómo los fundadores de Colombia interpretaron la diferencia racial en el siglo XIX. Los profundos aspectos coloniales de este enfoque sobre la formación de estado son también evidentes, por ejemplo, en la misión explícitamente civilizadora
de la Ley 89 de 1890 sobre “cómo deben ser gobernados los salvajes que vayan rediciéndose a la vida civilizada”. Véase Rappaport (1994, 26-28) para más sobre la importancia de la Ley 89 de 1890.
16) Todorov 1982, 174.
17) Neocleous 2014, 29.
18) Esto apunta a la necesidad de abordar la teoría del colonialismo de asentamiento en el contexto
latinoamericano. No estoy sugiriendo que deba utilizarse como un marco totalizante que sustituya
a otros conceptos útiles, como el colonialismo interno y la colonialidad del poder, –desarrollados
con perspicacia por los estudiosos de la región de los que también me ocupo en este libro–, pero
la teoría del colonialismo de asentamiento ofrece ideas particularmente útiles para comprender
cómo la formación de estado y el desarrollo del capitalismo colonial forman parte de una forma
continuada de asentamiento en las tierras de pueblos que siguen existiendo y resistiendo. Desarrollo
algunas de estas ideas de manera más explícita en el capítulo 2. Para más información sobre la relevancia del colonialismo de asentamiento en el contexto Latinoamericano, véase Castellanos (2020), Gott (2007), Loperena (2017, 2022), Speed (2017) e Ybarra (2018). Para un análisis
particularmente útil de la resistencia mapuche al colonialismo de asentamiento y la pacificación en
Chile, véase Antimil Caniupan, Nahuelpan Moreno y Curaqueo Mariano (2020).
19) El Tandil, una masacre (2018). Véase Pateman (1988) y Mills (1997) para un análisis de cómo el contrato social tiene sus raíces en el patriarcado y el supremacismo blanco. Quijano (2000) y Lugones (2008) teorizan sobre el poder persistente del patriarcado y el supremacismo blanco en
sus escritos sobre la “colonialidad del poder”.