PAZ DISIDENTE

(5 primeras páginas de la introducción)

El 5 de octubre de 2017, fuerzas estatales abrieron fuego contra un grupo de manifestantes en la pequeña comunidad de El Tandil, cerca de la frontera con Ecuador. En los diez días previos a la masacre, los cultivadores de coca de El Tandil habían exigido que el gobierno nacional implementara los Acuerdos de Paz de 2016 con las FARC-EP. Los Acuerdos supuestamente garantizaban el apoyo a los cultivadores de coca que quisieran sustituir sus cultivos de uso ilícito y transitar hacia una economía legal. En lugar de brindar alternativas a los cultivadores de coca, el estado mató a siete personas e hirió a más de veinte.

Aunque después los funcionarios del gobierno culparon de la violencia a supuestos disidentes de las FARC-EP, los testigos afirmaron que la masacre no fue provocada (1). Más de cinco años después, los perpetradores de la masacre todavía no han enfrentado a la justicia y los cultivadores de coca de la región donde se encuentra El Tandil siguen produciendo cocaína para el mercado global.

Uno de los sobrevivientes de la masacre, José Hernán de la Cruz, le dijo al periódico El Espectador:

Qué gran engaño nos llevamos nosotros los que vivimos en medio de las balas, en medio del conflicto armado. Qué engaño tan berraco saber que llega el Ejército y llega la Policía y que, prácticamente, en este momento fueran como los peores enemigos. Yo qué voy a confiar en esta gente con lo que me hicieron, a mí me invalidaron un brazo, yo tengo todo este brazo reconstruido.

Hasta el momento no cabe en mi pensamiento y en mi forma de vivir de que yo al frente de la misma autoridad, reclamándole unos derechos, y la misma autoridad comenzara a disparar contra nosotros los campesinos, si nosotros estábamos reclamando algo que era justo (2).

La masacre de El Tandil destruyó la ilusión de paz que el gobierno colombiano trató de proyectar al mundo, pero no fue una sorpresa para las personas familiarizadas con los medios violentos utilizados para reprimir el cambio social en este país. Inmediatamente después de los Acuerdos de Paz, las comunidades que iban a beneficiarse más de la paz siguieron siendo oprimidas, y ya había comenzado la constante eliminación de los antiguos combatientes de las FARC-EP que participaron en el proceso de paz. La guerra continuó.

El “engaño” al que se refería de la Cruz tras la masacre de El Tandil se encuentra en el núcleo del contrato social que teóricamente mantiene unido al lugar llamado Colombia. Es la violencia fundante y siempre presente del estado y el capitalismo (3). El estado, como el capitalismo, no es un rasgo transhistórico de la historia humana(4). Es una forma históricamente específica de autoridad patriarcal cuyo nacimiento estuvo entretejido con las bases racistas de la modernidad colonial-capitalista. Colombia, como uno de esos ejemplares del estado, obtuvo su independencia de España en 1819 y sus gobernantes se dispusieron a establecer su dominio dentro de sus siempre cambiantes fronteras a través de la violencia y el estado de derecho. Con Cristóbal Colón detrás de su nombre, Colombia forjó una ciudadanía y una identidad nacional en el curso de siglos. Como estado en busca de súbditos, el discurso de la pertenencia nacional se basó en formas de dominación racializada y de género con la blanquitud criolla como su forma idealizada (5). Esto estableció a los pueblos indígenas y a los descendientes de africanos esclavizados -junto con sus relaciones diversas y en ocasiones contradictorias con el territorio- como obstáculos para la formación estatal colombiana. Por lo tanto, el estado colombiano tomó forma a través de la imposición inherentemente violenta de un contrato social basado en el sostenimiento del capitalismo colonial (6).

En 2022 -260 años después de que Rousseau escribiera Del contrato social: o los principios del derecho político– Gustavo Petro y Francia Márquez prometieron un “nuevo contrato social” en la primera página de su programa, con el que se comprometían a convertir a Colombia en una “potencia mundial de la vida” y a lograr la “paz total” (7). Su elección marcó la inauguración del primer gobierno progresista en la historia del país. Petro, un exguerrillero del M-19 que afirma que Rousseau inspiró su interés en la historia cuando era adolescente,  emprendió una misión para transformar el estado expandiendo su ámbito de influencia(8). Tras la victoria, en su discurso de celebración dijo ante el público: “Vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia, no porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia”(9). Al decir esto, reiteró un lugar común sobre la formación de estado que atribuye la violencia, el atraso y el subdesarrollo a la ausencia del capitalismo y del estado. (10) Este lugar común no solo encubre las múltiples maneras en las que el estado y el capital están presentes en regiones consideradas como fronteras ingobernables, también establece al capital y al estado como la solución a la violencia, ignorando de esa manera su papel activo en la producción de esta. A pesar de considerarse una novedad, el planteamiento de la administración de Petro sobre el contrato social y lo que se conocería como paz total siguió estando explícitamente comprometido con una forma de desarrollo capitalista facilitado por el estado.

Por siglos, la idea de un contrato social como la base de la comunidad política ha servido como una de las principales justificaciones para la soberanía de los estados (11). A través del contrato social -dice el relato- los hombres se someten a una autoridad superior en nombre de un bien común vagamente definido.(12) No obstante, el término “contrato” sugiere un acuerdo consciente consumado por la ley, pero las incontables personas masacradas en nombre de la formación del estado no firmaron voluntariamente para entregar sus vidas en su servicio. Al escribir en 1762, mientras las fuerzas del colonialismo europeo continuaban expandiéndose por el planeta, Rousseau incluyó la siguiente advertencia en su tratado sobre el contrato social: “Bajo malos gobiernos esta igualdad es solo aparente e ilusoria; solo sirve para mantener a los pobres en su miseria y a los ricos en su usurpación. De hecho, las leyes son siempre útiles a aquellos que poseen y perjudiciales para quienes no tienen nada”(13). Como lo atestiguó De la Cruz en su denuncia de la masacre de El Tandil, el contrato social no fue tan democrático, justo e igualitario como lo parecía ser.

Desde los primeros días de la colonización, la ley -en particular en relación con la propiedad privada- ha sido crucial para la codificación y continuación del capitalismo colonial y la formación de estado (14). Desde el sistema de resguardo y las gracias al sacar (el derecho legal de los africanos esclavizados de “comprar blanquitud”) establecidos por el Imperio Español hasta las formas contemporáneas de reconocimiento multicultural, estas leyes extendieron la promesa de lo que Silvia Rivera Cusicanqui llama la “inclusión condicionada” a aquellos dispuestos a acatar las reglas del proyecto colonial y el castigo para quienes se rebelaran (15). Este proyecto colonial ha girado en torno a garantizar la sumisión a una forma particular de autoridad que emana de Europa y se deriva su fuerza de eliminar alternativas al sistema a través de la violencia y la asimilación.

Enmarcado en esta perspectiva, el discurso que prevalece alrededor de la paz en Colombia debe entenderse dentro de una historia más larga de pacificación, con la que comparte la raíz latina pax. Los orígenes de la pacificación en lo que ahora llaman Colombia se pueden rastrear al menos hasta 1573 con el mandato del rey Felipe II a abandonar el lenguaje de la conquista por el lenguaje de la pacificación. Las “Ordenanzas de descubrimientos, nueva población y pacificación de las Indias” del Imperio Español se hicieron ley en medio de críticas interesadas de otras potencias europeas sobre la brutalidad ostensiblemente excepcional de España como poder colonial. El cambio retórico hacia la pacificación en el lenguaje oficial del Imperio Español no inspiró una divergencia de la estructura genocida del desarrollo capitalista colonial, pero sí reveló una preocupación por exponer la vacuidad de las convicciones religiosas y morales que sirvieron como justificaciones ideológicas para la colonización. En La conquista de América: el problema del otro, Tzvetan Todorov dice: “el texto [de las Ordenanzas] no podría ser más explícito a este respecto: lo que hay que desterrar no son las conquistas, sino la palabra conquista; la ‘pacificación’ no es sino otra palabra para designar lo mismo”(16). Para el siglo XX, la “pacificación” se convirtió en parte de la lengua franca de contrainsurgencia, a medida que las potencias coloniales intentaron sofocar en todo el mundo las resistencias nativas y consolidar su control sobre la tierra y la vida. Resulta esclarecedor, por lo tanto, regresar a la raíz de las palabras “paz” y “pacificación”. Según Mark Neocleous en War Power, Police Power: “Lo que se connota con la palabra pax, y por lo tanto también “paz”, no es una ausencia de conflicto o el hacer un pacto, sino la imposición de la hegemonía y la dominación logradas a través de la conquista y mantenida por las armas […]. Pax era y es una paz de los ganadores, lograda por medio de la guerra y la conquista”(17). Al operar a través del lenguaje aparentemente más tolerable de la pax, la pacificación fungió como uno de los principales métodos de asentamiento en las Américas y la paz fue su progenie.

Este libro explora cómo el discurso dominante sobre la paz en Colombia está moldeado por y moldea al capitalismo colonial. Al establecer la consolidación de la soberanía del estado como el antídoto a la violencia, este discurso da por sentado cómo la paz estadocéntrica consiste en una forma totalizante de colonización dependiente del genocidio y de la eliminación de las alternativas a ella.(18) La paz, como la guerra, impone un marco de pensamiento y acción política que da forma a las relaciones sociales. Este proceso de subyugación, no obstante, siempre es incompleto.

Otro de los sobrevivientes de la masacre de El Tandil describió sus esfuerzos por obtener justicia a través del sistema legal como “nadar contra la corriente”(19). Esta frustración ha surgido en prácticamente todas las reuniones, marchas o movilizaciones a las que he asistido. Desde los sobrevivientes de la masacre de El Tandil hasta los concejos comunitarios afrocolombianos en la costa Pacífica, pasando por los puntos de resistencia en la ciudad de Cali, la gente comparte historias sobre cómo la violencia, el capitalismo y el estado se interponen en sus habilidades para vivir libres mientras luchan por un mejor futuro. En teoría, el estado debería estar para protegerlos, pero, en cambio, se manifiesta principalmente bajo la forma de un agente de policía hostil o de un burócrata inútil. Las formas disidentes de paz surgen de sus rechazos al statu quo y del potencial de sus luchas por la autonomía frente a él.