ANTE EL DEBER DE ENTERRAR A LOS MUERTOS

La violencia en Colombia gira en torno a la tierra y deja su huella en los territorios. El despojo. Las trasnacionales. La minería. Los grupos armados legales e ilegales. La barbarie. Las masacres. El paramilitarismo. La parapolítica. La guerra sin eufemismos. El desplazamiento. El constante estado de guerra que se vive. Todo está relacionado con el territorio y sus recursos. No hay casualidades que expliquen esta violencia.

Este es el caso de El Copey, en el departamento del Cesar, donde Óscar Morales, Germán Leal y Octavio Bilbao fueron asesinados por el Ejército colombiano en el 2008 y los hicieron pasar como “muertos en combate”, lo que se conoce como los mal llamados “falsos positivos”. Sus cuerpos fueron enterrados oficialmente como NN, en el “cementerio nuevo” de El Copey. Una década después algunos familiares regresan al lugar donde sucedió todo para destapar el horror y la verdad que aguarda bajo la tierra. Para honrar sus memorias, sus recuerdos y tratar de recuperar sus cuerpos o lo que quede de ellos.

El hecho de que puedan hacernos daño, de que otros puedan sufrir un daño, de que nuestra vida dependa de una arbitrariedad es como decía la filosofa, Judith Butler, motivo de temor y de dolor. Y no hay ninguna medida de seguridad que lo impida, ni acto de soberanía que pueda evitarlo. Entonces, ¿qué hacer?

Es mayo del 2018 caminamos entre los muros del cementerio tratando de adivinar las historias que nunca se atreverán a contar. Son más de 11.000 metros de terreno con apenas un gran árbol en uno de sus costados. Esto es, el inmenso potrero propiedad de la Alcaldía de El Copey, un terreno que un día – ya olvidado – fue destinado a ser el “nuevo cementerio” del municipio. Promesas incumplidas, excepto para esos cadáveres con nombres que nadie reclama o para aquellos cuerpos cuya identidad se buscaba borrar, es decir los denominados NN. Ellos son los únicos que son enterrados en este potrero. Cuerpos que alguien pensó que nadie extrañaría. Que nadie buscaría. Que nadie amaría.

Se trata de un cementerio inhóspito, donde se estima que han sido inhumadas “oficialmente” más de 60 personas. Cuerpos NN, algunos ya identificados, otros a la espera. Un terreno baldío que guarda la memoria del horror. Por ello, al caminar por él, al igual que por otros muchos cementerios del país, repletos de fosas que no son secreto para nadie, se percibe una estremecedora carga oculta, se advierte una misteriosa sensación de olvido, de anestesia, de impunidad y una inquietante tranquilidad al contemplar ese lugar. Una gran fosa levantada por el propio Estado, debajo de nuestro silencio, ocultando sus crímenes.

Un lugar que tradicionalmente se pensó con la idea del descanso y de la guarda, pero que ahora queda confrontado con la violencia de los sucesos, con su monstruosa brutalidad. Dicen que a la violencia uno se acostumbra, que mientras más presente, menos afecta. Pero uno no se acostumbra, uno elige acostumbrarse. Uno decide pensar y actuar como si aquello que viéramos fuera sólo un paisaje, en lugar de ser un terreno repleto de cuerpos sufrientes.

En este cementerio no hay tumbas, no hay lápidas, no hay sepulturas, sólo fosas que esconden crímenes.

Tres de esos crímenes sepultados fueron los asesinatos de Germán Leal, Óscar Morales y Octavio Bilbao en enero del 2008. Ellos son sólo tres de las miles de víctimas de lo que se conoce como ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.

Miles porque no hay cifras exactas de esta atrocidad. ¿Cuántos son? La propia Fiscalía de la Nación en el 2013 indicaba que había 3.925 homicidios por parte de los agentes del Estado, ahora esa cifra la ha descendido a 2.248 víctimas desde 1998 al 2014. Cifras inexactas. Las organizaciones elevan las víctimas a más de 6.000, otros hablan de 7.000, otros 10.000. Cifras todas incompletas, que no dan cuenta de la realidad vivida. De ese dominio de la muerte sobre el cual el poder ha tomado el control.

¿Cuántas familias siguen esperando a que un día sus hijos, hermanas, padres… vuelvan a casa sin saber que el Ejército los asesinó, que sus cuerpos yacen en fosas comunes enterrados como NN?

El horror vive.

¿QUÉ ES ESTA ATROCIDAD?

La cúpula política, económica y militar crea unas órdenes que no ejecutará con sus propias manos. Es la legislación de la atrocidad del poder soberano. Su doctrina. Un acto ilícito que legitima al Estado para matar. Un discurso bélico que antepone el despojo y la violencia, a la vida, fundamentado en que no todos, ni todas, tenemos derecho a vivir.

¿Un gobierno democrático puede asesinar en nombre de la guerra?, ¿quién decide quién vive y quién muere?, ¿es legítimo y legal quitarle la vida a alguien?

En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se perfeccionó en cantidad y horror esta práctica sistemática de asesinatos que según fuentes se remonta a los años ochenta y que continuó tras su mandato cuando uno de sus Ministros de Defensa se convirtió en presidente, Juan Manuel Santos (2010-2018).

Este es el horror de un Estado que legisló Directivas, Circulares y toda una serie de políticas de control territorial para que esta atrocidad fuera posible al amparo de una sociedad que no quiso, no quiere ver, cuando las cifras de la Guerra no le correspondían, cuando las instituciones comenzaron a ser cómplices. Cuando el Ejército se alió con los grupos paramilitares y a cambio de su colaboración permitieron su accionar delictivo. Cuando la sociedad aceptó que para eliminar a la guerrilla, construida bajo imaginarios de “enemigo público”, valía todo. Cuando comenzamos a ver cómo las grandes extensiones de tierra antes cultivadas por campesinos se llenaban de monocultivos, hidroeléctricas o minería. O cuando la tierra quedaba en manos siempre de los mismos, de aquellos que ocasionan el horror.

En un inicio las víctimas, como aquí en El Copey, eran en su mayoría campesinos de las mismas regiones donde serían asesinados. Con el tiempo esto fue cambiando y a partir de los años 2000, cuando el mayor número de asesinatos comenzó a evidenciarse, uno o varios “reclutadores” a la fuerza o con falsas promesas de trabajo y de dinero engañaban especialmente a jóvenes de zonas urbanas, pero no únicamente, para después entregarlos al Ejército quienes los asesinaran a cientos de kilómetros de sus hogares.

Adolescentes. De edades diversas. Mayores de edad. Hombres. Mujeres. Con discapacidad o sin ella. Viviendo en la calle o en sus casas. Padres. Hermanas. Hijos.

Sus cuerpos baleados, algunos en el preciso lugar donde murieron otros arrastrados a distintos lugares, aparecerán porque el horror es sobre todo un espectáculo del poder. Oficialmente serán dados de baja en combate. Habrá un levantamiento del cadáver, informes, radiogramas, necropsias, pruebas periciales… toda la oficialidad que borrará que las heridas de bala fueron de ejecuciones y no de combate, y que permitirá olvidar sus identidades para ser enterrados como NN, como un número a sumar en los “triunfos” de guerra de un Estado.

Para ello los mismos militares escenificarán un supuesto enfrentamiento: balearán los árboles, les cambiarán las ropas, incluso sin coincidir con las agujeros de bala o con su tallaje, les pondrán botas, incluso al revés, les pondrán armas, incluso dañadas, o regarán casquillos por los suelos de muy diversas armas. Quitándoles además todo lo que recuerde que tenían una vida, sus carteras, fotos, la cédula de identificación.

Todo un montaje que les permitirá además cobrar primas, incentivos y/o ascensos o periodos vacacionales al declarar que asesinaron en combate a guerrilleros o miembros de bandas narco-criminales según lo especificado en las Ordenes de Mando o en Directivas como la 29 del 2005 firmada por el Ministro de Defensa de aquel entonces, Camilo Ospina.

Así sucedió aquí.

German, Octavio y Óscar un día ya no acudieron a sus casas, era enero del 2008. El día 16 fueron asesinados por miembros del Batallón de Artillería nº2 La Popa, en el corregimiento del Caracolicito, municipio de El Copey, en el departamento del Cesar. No se conocían entre ellos. Cada uno fue raptado, engañado con falsas promesas de trabajo hasta el lugar donde serían asesinados. Sólo cuando sus vidas estaban sentenciadas se conocieron. Se pudieron ver y quién sabe sí intercambiar palabras, hablar sobre sus familias o sobre el miedo, el terror y el coraje que les invadió al saber que juntos serían asesinados.

Los militares dispararon. Este fue su relato:

“… aproximadamente a las 21:30 horas, se escuchó un grupo de personas transitando en la vía y se les preguntó quiénes eran, respondieron con fuego, nosotros buscando cubierta y protección y reaccionamos. En un intercambio de disparos, después de 15 minutos aproximadamente, se revisó el sector y encontramos 3 sujetos armados, neutralizados, luego aseguramos el área y se reportó al señor Capitán Comandante de Artillería el combate con resultados obtenidos y esperamos hasta el otro día para el levantamiento correspondiente…

Una vez efectuaron la inspección de cadáver, se encontraron los 3 sujetos vestidos de civil, armados, neutralizados, con un fúsil AK-47, 39 milímetros, 3 proveedores llenos, 1 revólver Smith Wesson largo cañón recortado, una pistola calibre 7.63…”

(Informe presentado por el Comandante de Patrulla. Sentencia T590A/14)

Al tiempo, los agentes del Estado acudieron y procedieron al levantamiento de los tres cadáveres con destino a Medicina Legal. No tenían identificación encima. Se procedió a las correspondientes inspecciones, pruebas de laboratorio y necropsias. Sus huellas dactilares fueron archivadas. Este último acto fue el que permitió con el tiempo identificarles. A cada familia por separado, con el lento devenir, un sistema informático permitió cotejar las huellas y devolverles su identidad.

Así fue el caso de Óscar, cuando en el 2011 sus padres, Darío Morales y Doris Tejada, recibieron la noticia de que su hijo “era miembro de bandas criminales y había fallecido en combate”. Las huellas de Óscar coincidían con un cuerpo que había sido inhumado en el “nuevo cementerio” de El Copey como NN.

Siete años después de esa llamada recibieron otra, era diciembre de 2017, en apenas unos días se comenzaría con la primera exhumación en busca de sus restos para poderle dar una sana sepultura. Entre medio de ambas llamadas, la familia ha podido demostrar las contradicciones del relato de los militares:

Óscar fue asesinado. Nunca hubo un combate. Nunca perteneció a ningún grupo armado. Todo fue un montaje. Un “falso positivo”.

El Copey, como no pocos lugares de la topografía de la violencia en Colombia, constituye un auténtico paisaje del terror. Entre caracolíes y ceibas, un camino de tierra muestra las huellas que ponen en evidencia la impunidad, los asesinatos.

Muchas familias de campesinos que vivían allí tuvieron que abandonar sus tierras con el auge del paramilitarismo en la región, así como por la presencia de otras violencias como las ejecuciones extrajudiciales – los “falsos positivos”-, que dejaban a su paso una proliferación de cuerpos difuntos. De hecho, actualmente están registradas más de 300 reclamaciones en la Unidad de Restitución de Tierras que suman en total cerca de 22 mil hectáreas. En este sentido el ex sargento del Ejército que se hizo paramilitar a principios de la década de los 2000 y que ejerció su accionar delictivo en esta zona, Gélvez Albarracín, alias “el Canoso”, cumplió condena en Estado Unidos y afirmó bajo juramento:

“Recuerdo que cerca a El Silencio un grupo de campesinos había invadido unos terrenos y los paramilitares los desplazaron –o mejor dicho los sacaron– de ese sector. Recuerdo que el miedo era generalizado en toda esa zona”. “Hasta el año 2009 [….], yo confesé [dentro de Justicia y Paz] [haber provocado] más de 2.000 desplazamientos”.

La violencia es como una onda expansiva, un miedo que se corporaliza y que es utilizado para el control territorial y el saqueo constante por más años que pasen.

De hecho, aquí en El Copey grandes extensiones de tierra fueron despojadas para plantar el monocultivo de palma africana para biocombustible, agotando con ello las fuentes hídricas de la zona destinadas para su riego.

Y de hecho, el Cesar, es el quinto departamento con mayor población desplazada según un análisis que publicó la Universidad Nacional en el que se analiza la correlación entre cultivo de palma de aceite y desplazamiento forzado en Colombia.

Tras varios años de desplazamiento, las familias que regresaron a sus casas aún recuerdan los rostros de los tres jóvenes muertos en el camino y cuentan como en apenas cinco años – del 2003 al 2008 – en ese mismo camino aparecieron 37 cuerpos más, todos ellos asesinados bajo la misma práctica. Allí el Ejército asesinó a jóvenes que un reclutador a petición de los mandos de la Brigada traía, anteriormente también a jornaleros de la zona. Los militares marchaban por esos caminos y a quienes veían, por ejemplo con marcas en sus hombros por cargar fumigadoras, los asesinaban, ya que podían aludir a que eran guerrilleros que portaban fusiles. Cualquier excusa vale para asesinar.

Al caminar se aprecian en las cortezas de los árboles huecos, agujeros del tamaño de las balas. Esos árboles fueron los testigos de las escenificaciones de combate y muestran todavía en su corteza las cicatrices. Aquí las coordenadas señalan que los militares los balearon para simular falsos enfrentamientos poniendo en evidencia las texturas del horror.

DESENTERRAR LO ENTERRADO
EN UNA TIERRA LLENA DE HERIDAS.

El auge de la violencia paramilitar en la región y el conteo de “falsos positivos” implicó la falta de espacio para enterrar cuerpos en el cementerio de El Copey, muchos eran los cadáveres a enterrar. La primera masacre paramilitar conocida fue en 1998 en el propio centro urbano, la segunda en el 2000 en el corregimiento de Chimila y según cuentan llegaron más de 150 hombres.

Por ello este cementerio resultó atestado de tumbas, pareciera que no cabe ni una más, lo que provoca que las familias tengan que saltar entre ellas o deslizarse en los estrechos pasillos para llegar al lugar donde se encuentran sus difuntos. El despropósito es tal que incluso tienen que romper los muros externos para entrar los ataúdes y seguir enterrando.

Esta situación favoreció a que los responsables municipales tomaran la decisión de que los cuerpos no identificados comenzaran a ser enterrados en el “nuevo cementerio” situado a las afueras de El Copey.

Un potrero desapacible, donde se estima que han sido inhumados más de 60 cadáveres, los cuales comparten espacio con las basuras, las vacas que pastan, los estaderos y las ropas tendidas por las familias que han ido apropiándose de este terreno baldío. De hecho, uno de sus muros fue derruido para construir las mismas casas de este barrio “27 de Abril”, conocido como “La invasión”.

El “nuevo cementerio” a pesar de que en su interior se encuentran cuerpos NN, lo que no es secreto para nadie, no tiene ninguna medida cautelar de protección.

Hace diez años uno de los sepultureros que enterró a Óscar, German y Octavio, acompaña hoy al equipo del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía quienes procederán con los trabajos de exhumación. Él describe sin precisión alguna como fue ese día. Recuerda y hace cómo que recuerda, fueron muchos los cadáveres que enterraron en aquellos años.

Ahora da las indicaciones para tratar de encontrarlos y habla del calor que afecta a los cuerpos, de la tierra dura que le impedía cavar a mucha profundidad y de su cansancio. De como se guiaba en aquella época por el muro o por los árboles para situar las fosas, ya que bajo su sombra se resguardaba para descansar. A tantos pasos abría el hueco. Esos árboles fueron talados por orden de la Alcaldía y por tanto borradas las pocas evidencias para encontrar de nuevo esos cuerpos.

Nadie dejó por escrito el lugar donde se enterraban.Nadie les puso una lápida.Nadie escribió el número de necropsia para su identificación.Nadie cumplió con los protocolos. Con las normativas.Nadie pensó que esos cuerpos tenían nombre, familia, una vida.Nadie quiso pensarlo.

En Diciembre de 2017, el sepulturero recordó e indicó dónde se encontraba la primera fosa en la que inhumó dos de los tres cuerpos que enterró como NN en agosto del 2008. A esta jornada no pudieron acudir las familias. Los técnicos desenterraron un cuerpo completo y un hueso de otro, pero por impedimentos técnicos no pudieron llevarse completo el segundo cuerpo. Tampoco fue posible buscar el tercer cuerpo.

En mayo de 2018, se programó la segunda jornada para continuar con la búsqueda. En esta ocasión sí que pudieron acudir los padres de Óscar, Doris y Darío.

Los días previos a la exhumación, junto a los padres caminamos entre la maleza del potrero preguntándonos: ¿dónde están? Y en ese caminar, las familias del propio barrio se acercaron a conversar. Todas eran conocedoras de la cantidad de cuerpos enterrados allí, están acostumbrados a ver a fiscales y antropólogos forenses por esas tierras, “cavan huecos y se llevan huesos”.

Durante esos días los vecinos del barrio compartieron su dolor con el de los padres “me desaparecieron a tres hijos”, “hace años que no sé dónde está el hermano de mi mamá”, “un día entraron a la casa, tiraron al suelo la puerta y se llevaron a mi hermano”.

Pocas son las familias aquí que no han perdido a alguien. Y rara es la familia que se ha acercado al circuito institucional para presentar la denuncia por desaparición forzada. Por lo que ni siquiera son parte de las cifras. Sobreviven en su cotidianidad, y entre juegos y café, alguien dijo que vio un animal, dicen un cerdo con un hueso en la boca.

Atardeció y ya casi en la oscuridad Doris, la madre de Óscar, a los pies del único gran árbol que queda en el potrero, levantó un altar a la memoria de su hijo, de German y de Octavio. Prendió velas. Rezó. Oró. Y trajo al lugar la humanidad que les había sido robada entre tanta barbarie.

De nuevo los tres se juntaron en el corazón de una madre.

El 8 de mayo de 2018, diez años después, comenzaron de nuevo las palas a fracturar la tierra. Una bandada de pájaros sobrevoló el lugar. Aseguraron el perímetro. Y la pulcritud del procedimiento técnico forense pretendió contrarrestar los años de abandono de los cuerpos sepultados.

En esta fosa fueron enterrados dos de los tres jóvenes asesinados. Un cuerpo ya fue desenterrado en la primera exhumación, hoy buscaban al otro. De nuevo fue el equipo del CTI de la Fiscalía quien procedió.

Pero los primeros restos humanos que recibieron la luz no fueron los buscados, sino los de un hombre mayor que se ahogó en un lago y como no tenía familia lo dejaron de nuevo en esa misma fosa. La indiferencia no permitirá encontrar el justo lugar para una sepultura que lleve su nombre. Ni siquiera un lápida, algo que indique dónde está.

Casi al final de la jornada, apenas a 45 cm de profundidad, comenzaron a salir esos huesos que revelan una humanidad compartida y que fueron fracturados. Las heridas de balas muestran una verdad que se podrá tocar. Dicen que uno de los jóvenes recibió dos disparos, uno que le atravesó el cráneo desde debajo de la mandíbula y otro que le atravesó la ingle y salió por la espalda. Al otro dicen que ocho…

A pié de fosa, una delicada relación de intimidad y confianza brotó entre la madre que estaba ese día allí y varios niños del barrio, quienes observaban atentamente como hueso por hueso era extraído por el antropólogo y depositado en bolsas. Doris buscaba algo que le permitiera saber que ese era su hijo. Era la oportunidad de volver a estar con él.

Terminados los trabajos forenses avisaron al sepulturero quien de nuevo volvió a rellenar con tierra la fosa. Retiraron la cinta de seguridad y todo su material. Los huesos encontrados fueron precintados respetando la cadena de custodia y llevados a la morgue. Todo quedó reducido a un paquete de apenas unos centímetros que viajará por distintos laboratorios buscando su identificación, lo que puede demorarse hasta 8 meses más. O un año. O quién sabe cuánto.

La exhumación dejó su huella en la tierra. La fosa parecía un vientre. La madre, Doris, caminó sobre ella, mirándola y sintiéndose cerca de su hijo. La tierra cobró así un sentido que permitió venerar lo expuesto, lo encontrado, lo existente.

Al día siguiente los trabajos forenses se retomaron para proceder a una prospección. Quedaba un cuerpo por encontrar. El área marcada por el sepulturero para el tercer cuerpo fue demasiado amplia. Sus descripciones nada precisas. Por ello se procedió por cuadrantes a realizar agujeros para ver sí la tierra fue removida alguna vez.

Casi ocho horas después no apareció nada. No hubo rastros. Lo que no fue una sorpresa para el personal de la Fiscalía, “es algo cotidiano con lo que convivimos. Incluso muchos de los testigos que nos dicen dónde están o no las fosas, son también paramilitares”. Toda una red de complicidades e impunidad que permite que sucedan estos hechos.

Los padres, Darío y Doris, a pesar de la esperanza creciente de recuperar a su hijo, regresaron a su casa en Bogotá, a más de 800 km, para seguir viviendo con la incertidumbre de no saber dónde está Óscar. Sí seguirá abandonado en el “nuevo cementerio” o con suerte en la morgue de Medicina Legal esperando su identificación.

* Pasados los meses, y ahora cuando releemos estas palabras, ya es diciembre de 2019, y Darío y Doris hace meses que recibieron la noticia de que ninguno de los dos cuerpos encontrados era el de Óscar. Tendrán que seguir esperando para poder encontrar a su hijo.

Los asesinos de estos tres crímenes siguen impunes. Están acusados: el Subteniente Julián Andrés Díaz Medina y los soldados Norberto Pinto Baraona, Jair David Medina España, Juan Elías Quiñonez Morales, Jorge Hernández Gutiérrez, Héctor Antonio Jaramillo Martínez y José Granados Peñaranda. Todos en libertad actualmente. Y entre medio la Justicia Especial para la Paz, asumió este batallón como prioritario. Ya no habrá posibilidad de una sentencia en la Justicia Ordinaria, seguramente ninguno entrará en prisión, sólo les quedará la posibilidad de una “justicia restaurativa” ¿Qué es eso? todavía todo es muy incierto. Pero de momento la sensación casi permanente sigue siendo la de más impunidad.

Tratar de entender por qué un Estado permite y favorece asesinar a civiles para el enriquecimiento de aquellos que ostentan el poder o para aumentar su política de conteo de bajas en batalla, requiere no sólo de la indignación moral, el llanto y el dolor, sino la necesidad de saber qué fue lo que lo provocó, cómo y por qué Óscar, Germán y Octavio (y tantos otros) fueron víctimas de estas formas arbitrarias de violencia por parte del Estado colombiano, de su represalia violenta convertida desde hace décadas (siglos) en la norma de la vida política del país.

Dice Butler que la esfera pública está constituida en parte por lo que no puede ser dicho y lo que no puede ser mostrado. Los límites de lo decible, los límites de lo que puede aparecer. Y de hecho se sucede que ciertas formas de dolor son reconocidas y amplificadas nacionalmente, mientras que otras muertes se vuelven impensables.

Los “falsos positivos” saltaron a la esfera pública por el “caso Soacha”, jóvenes de este municipio aparecieron muertos en Ocaña, Norte de Santander, era septiembre de 2008. Se contó y se mostró. Óscar, German y Octavio son tres de los miles que debemos sumar a esos jóvenes.

Frecuentemente los medios tienden a emitir análisis muy superficiales de los “falsos positivos” y no se acompañan de la profundidad necesaria para conocer el porqué de estos asesinatos. Para reflexionar sobre qué es lo que el poder desea: la acumulación, el enriquecimiento y la expropiación de los recursos y territorios.

Porque al final, todo es para seguir enriqueciéndose y por eso es que seguirá la Guerra, la violencia y por ende los asesinatos, como las ejecuciones extrajudiciales, que son sólo una capa más a toda esta violencia. Porque en este sentido, ya no hay dudas de que la guerra está relacionada con la distribución inequitativa de la riqueza, con la desigualdad, con la usurpación y el despojo de tierras, con la inserción de proyectos agroindustriales, con el narcotráfico y con un sistema político cerrado y conservador.

Por eso, cuando cartografiamos en un mismo mapa todas las violencias se desprende que mientras decenas de miles de personas han sido desaparecidas o desplazadas en esos lugares, a la vez se estaba consolidando un modelo económico de explotación, desposesión y acumulación, como es el caso de El Copey.