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ANTE EL DEBER DE ENTERRAR A LOS MUERTOS

Fosas que esconden crímenes en el Cementerio de El Copey, Cesar 

(Colombia)

Hay una ausencia, un vacío, un sin sentido. Algo en cada ocasión que te alerta de que algo no va bien. Es esa ausencia que rompe la normalidad de la vida cotidiana. Del hogar. De llegar y que él esté en la casa. De esperarle a que llegue. De que el teléfono suene y esté su voz. De verle llegar por la ventana.  Esa espera es un estado en el que contenemos el aliento. En el que todo es incierto. Ese es el estado entre la desaparición y la aparición. El pulso entre la presencia y la ausencia. Angustiosa espera que lleva la búsqueda de un hijo desaparecido. Delirio de ausencias. Sensación que nunca dejará de ser dolorosa. Y que seguirá siendo dolorosa cuando la muerte se revele. Cuando el horror de su pérdida nos rasgue el alma para siempre. Cuando los abrazos se quiebren, su olor desvanezca y su tacto quede reducido a los recuerdos.

 

A Óscar Morales, Germán Leal y Octavio Bilbao los asesinó el ejército colombiano en el 2008 y los hizo pasar como “muertos en combate”. Sus cuerpos fueron enterrados oficialmente por el Estado como no identificados, NN, en el “cementerio nuevo” de El Copey. Una década después algunos familiares regresan al lugar donde sucedió todo para destapar el horror y la verdad que aguarda bajo la tierra. Para honrar sus memorias, sus recuerdos y tratar de recuperar sus cuerpos o lo que quede de ellos.

Texto: Laura Langa Martinez
Fotografías: Ariel Arango Prada

El hecho de que puedan hacernos daño, de que otros puedan sufrir un daño, de que nuestra vida dependa de una arbitrariedad es como decía Judith Butler motivo de temor y de dolor. Y no hay ninguna medida de seguridad que lo impida, ni acto de soberanía que pueda evitarlo. Entonces ¿qué hacer?

Es mayo del 2018 caminamos entre los muros del cementerio tratando de adivinar las historias que nunca se atreverán a contar. Son más de 11.000 metros de terreno con apenas un gran árbol en uno de sus costados. Esto es, el inmenso potrero propiedad de la Alcaldía de El Copey, un terreno que un día – ya olvidado – fue destinado a ser el “nuevo cementerio” del municipio. Promesas incumplidas, excepto para esos cadáveres con nombres que nadie reclama o para aquellos cuerpos cuya identidad se buscaba borrar, es decir los denominados NN. Ellos son los únicos que son enterrados en este potrero. Cuerpos que alguien pensó que nadie extrañaría. Que nadie buscaría. Que nadie amaría.

Se trata de un cementerio inhóspito, donde se estima que han sido inhumadas “oficialmente” más de 60 personas. Cuerpos NN, algunos ya identificados, otros a la espera. Un terreno baldío que guarda la memoria del horror. Por ello, al caminar por él, al igual que por otros muchos cementerios del país, se percibe una estremecedora carga oculta, se advierte una misteriosa sensación de olvido, de anestesia, de impunidad y una inquietante tranquilidad al contemplar ese lugar. Una gran fosa levantada por el propio Estado, debajo de nuestro silencio.

Un lugar que tradicionalmente se pensó con la idea del descanso y de la guarda, pero que ahora queda confrontado con la violencia de los sucesos, con su monstruosa brutalidad. Dicen que a la violencia uno se acostumbra, que mientras más presente, menos afecta. Pero uno no se acostumbra, uno elige acostumbrarse. Uno decide pensar y actuar como si aquello que viéramos fuera sólo un paisaje, en lugar de ser un terreno repleto de cuerpos sufrientes.

 

Foto: © Ariel Arango

 

En este cementerio no hay tumbas, no hay lápidas, no hay sepulturas, sólo fosas que esconden crímenes. 

 

Tres de esos crímenes sepultados fueron los asesinatos de Germán Leal, Óscar Morales y Octavio Bilbao en enero del 2008. Ellos son sólo tres de las miles de víctimas de lo que se conoce como ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.

Miles porque no hay cifras exactas de esta atrocidad. ¿Cuántos son? La propia Fiscalía de la Nación en el 2013 indicaba que había 3.925 homicidios por parte de los agentes del Estado, ahora esa cifra la ha descendido a 2.248 víctimas desde 1998 al 2014. Cifras inexactas. Las organizaciones elevan las víctimas a más de 6.000, otros hablan de 7.000, otros 10.000. Cifras todas incompletas, que no dan cuenta de la realidad vivida. De ese dominio de la muerte sobre el cual el poder ha tomado el control.

¿Cuántas familias siguen esperando a que un día sus hijos, hermanas, padres… vuelvan a casa sin saber que el ejército los asesinó, que sus cuerpos yacen en fosas comunes enterrados como NN? 

El horror vive.

 

¿QUÉ ES ESTA ATROCIDAD?

La cúpula política y militar da unas ordenes que no ejecutara en acción. Es la legislación de la atrocidad. Un acto ilícito que legitima al Estado para matar. ¿Un gobierno democrático puede asesinar en nombre de la guerra? ¿quién decide quién vive y quién muere? ¿es legítimo y legal quitarle la vida a alguien?

En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se perfeccionó en cantidad y horror esta práctica sistemática de asesinatos que según fuentes se remonta a los años ochenta y que continuó tras su mandato cuando uno de sus Ministros de Defensa se convirtió en presidente, Juan Manuel Santos (2010-2018). 

En un inicio las víctimas, como aquí en El Copey, eran en su mayoría campesinos de las mismas regiones donde serían asesinados. Con el tiempo esto fue cambiando y a partir de los años 2000, cuando el mayor número de asesinatos comenzó a evidenciarse, uno o varios “reclutadores” a la fuerza o con falsas promesas de trabajo y de dinero engañaban especialmente a jóvenes de zonas urbanas, pero no únicamente, para después entregarlos al ejército quienes los asesinaran a cientos de kilómetros de sus hogares.

Adolescentes.

De edades diversas.

Mayores de edad.

Hombres

Mujeres.

Con discapacidad o sin ella.

Viviendo en la calle o en sus casas.

Padres. 

Hermanas.

Hijos.

Sus cuerpos baleados, algunos en el preciso lugar donde murieron otros arrastrados a distintos lugares, aparecerán porque el horror es sobre todo un espectáculo del poder. Oficialmente serán dados de baja en combate. Habrá un levantamiento del cadáver, informes, radiogramas, necropsias, pruebas periciales… toda la oficialidad que borrará que las heridas de bala fueron de ejecuciones y no de combate, y que permitirá olvidar sus identidades para ser enterrados como NN, como un número a sumar en los “triunfos” de guerra de un Estado.

Para ello los mismos militares escenificaran un supuesto enfrentamiento: balearan los árboles, les cambiarán las ropas, incluso sin coincidir con las agujeros de bala o con su tallaje, les pondrán botas, incluso al revés, les pondrán armas, incluso dañadas, o regarán casquillos por los suelos de muy diversas armas. Quitándoles además todo lo que recuerde que tenían una vida, sus carteras, fotos, la cédula de identificación.  Nada marcado, nada propio.

Todo un montaje que les permitirá cobrar primas, incentivos y ascensos o periodos vacacionales al declarar que asesinaron en combate a guerrilleros o miembros de bandas narco-criminales según lo especificado en las Ordenes de Mando o en  Directivas como la 29 del 2005 firmada por el Ministro de Defensa de aquel entonces, Camilo Ospina.

Así sucedió aquí.  

 

German, Octavio y Óscar un día ya no acudieron a sus casas, era enero del 2008. El día 16 fueron asesinados por miembros del Batallón de Artillería nº2 La Popa, en el corregimiento del Caracolicito, municipio de El Copey, en el departamento del Cesar. No se conocían entre ellos. Cada uno fue raptado, engañado con falsas promesas de trabajo hasta el lugar donde serían asesinados. Sólo cuando sus vidas estaban sentenciadas se conocieron. Se pudieron ver y quién sabe sí intercambiar palabras, hablar sobre sus familias o sobre el miedo, el terror y el coraje que les invadió al saber que juntos serían asesinados.

Los militares dispararon. Este fue su relato:

“… aproximadamente a las 21:30 horas, se escuchó un grupo de personas transitando en la vía y se les preguntó quiénes eran, respondieron con fuego, nosotros buscando cubierta y protección y reaccionamos. En un intercambio de disparos, después de 15 minutos aproximadamente, se revisó el sector y encontramos 3 sujetos armados, neutralizados, luego aseguramos el área y se reportó al señor Capitán Comandante de Artillería el combate con resultados obtenidos y esperamos hasta el otro día para el levantamiento correspondiente…

Una vez efectuaron la inspección de cadáver, se encontraron los 3 sujetos vestidos de civil, armados, neutralizados, con un fúsil AK-47, 39 milímetros, 3 proveedores llenos, 1 revólver Smith Wesson largo cañón recortado, una pistola calibre 7.63…”

 (Informe presentado por el Comandante de Patrulla. Sentencia T590A/14)


Al tiempo, los agentes del Estado acudieron y procedieron al levantamiento de los tres cadáveres con destino a Medicina Legal. No tenían identificación encima. Se procedió a las correspondientes inspecciones, pruebas de laboratorio y necropsias. Sus huellas dactilares fueron archivadas. Este último acto fue el que permitió con el tiempo identificarles. A cada familia por separado, con el lento devenir, un sistema informático permitió cotejar las huellas y devolverles su identidad.

Así fue el caso de Óscar, cuando en el 2011 sus padres, Darío Morales y Doris Tejada, recibieron la noticia de que su hijo “era miembro de bandas criminales y había fallecido en combate”. Las huellas de Óscar coincidían con un cuerpo que había sido inhumado en el “nuevo cementerio” de El Copey como NN. 

Siete años después de esa llamada recibieron otra, era diciembre de 2017, en apenas unos días se comenzaría con la primera exhumación en busca de sus restos para poderle dar una sana sepultura. Entre medio de ambas llamadas, la familia ha podido demostrar las contradicciones del relato de los militares:

Óscar fue asesinado. Nunca hubo un combate. Nunca perteneció a ningún grupo armado. Todo fue un montaje. Un “falso positivo”.

 

Foto: © Ariel Arango

 

El Copey, como no pocos lugares de la topografía de la violencia en Colombia, constituye un auténtico paisaje del terror. Entre caracolíes y ceibas, un camino de tierra muestra las huellas que ponen en evidencia la impunidad, los asesinatos.

Muchas familias de campesinos que vivían allí tuvieron que abandonar sus tierras con el auge del paramilitarismo en la región, así como por la presencia de otras violencias como las ejecuciones extrajudiciales que dejaban a su paso una proliferación de cuerpos difuntos. De hecho actualmente están registradas más de 300 reclamaciones en la Unidad de Restitución de Tierras que suman en total cerca de 22 mil hectáreas.

La violencia es como una onda expansiva, un miedo que se corporaliza y que es utilizado para el control territorial y el saqueo constante por más años que pasen

De hecho, grandes extensiones de tierra fueron despojadas para plantar el monocultivo de palma africana para biocombustible, agotando con ello las fuentes hídricas de la zona destinadas para su riego. 

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Foto: © Ariel Arango

 

Tras varios años de desplazamiento, las familias que regresaron a sus casas aún recuerdan los rostros de los tres jóvenes muertos en el camino y cuentan como en apenas cinco años – del 2003 al 2008 – en ese mismo camino aparecieron 37 cuerpos más, todos ellos asesinados bajo la misma práctica. Allí el ejército asesinó a jóvenes que un reclutador a petición de los mandos de la Brigada traía y anteriormente también a jornaleros de la zona. Los militares marchaban por esos caminos y a quienes veían, por ejemplo con marcas en sus hombros por cargar fumigadoras, los asesinaban, ya que podían aludir a que eran guerrilleros que portaban fusiles. Cualquier excusa vale para asesinar.

“El signo escrito sin el sistema de coordenadas carece de sentido” decía Wittgenstein.  

Al caminar se aprecian en las cortezas de los árboles huecos, agujeros del tamaño de las balas. Esos árboles fueron los testigos de las escenificaciones de combate y muestran todavía en su corteza las cicatrices. Aquí las coordenadas señalan que los militares los balearon para simular falsos enfrentamientos poniendo en evidencia las texturas del horror.

DESENTERRAR LO ENTERRADO
EN UNA TIERRA LLENA DE HERIDAS.

El auge de la violencia paramilitar en la región y el conteo de “falsos positivos” implicó la falta de espacio para enterrar cuerpos en el cementerio de El Copey, muchos eran los cadáveres a enterrar. La primera masacre paramilitar conocida fue en 1998 en el propio centro urbano, la segunda en el 2000 en el corregimiento de Chimila y según cuentan llegaron más de 150 hombres.  

Por ello este cementerio resultó atestado de tumbas, pareciera que no cabe ni una más, lo que provoca que las familias tengan que saltar entre ellas o deslizarse en los estrechos pasillos para llegar al lugar donde se encuentran sus difuntos. El despropósito es tal que incluso tienen que romper los muros externos para entrar los ataúdes y seguir enterrando. 

 

Foto: @ Ariel Arango

 

Esta situación favoreció a que los responsables municipales tomaran la decisión de que los cuerpos no identificados comenzaran a ser enterrados en el “nuevo cementerio” situado a las afueras de El Copey.  

Un potrero desapacible, donde se estima que han sido inhumados más de 60 cadáveres, los cuales comparten espacio con las basuras, las vacas que pastan, los estaderos y las ropas tendidas por las familias que han ido apropiándose de este terreno baldío. De hecho, uno de sus muros fue derruido para construir las mismas casas de este barrio “27 de Abril”, conocido como “La invasión”.

El “nuevo cementerio” a pesar de que en su interior se encuentran cuerpos NN no tiene ninguna medida cautelar de protección.

 

Hace diez años uno de los sepultureros que enterró a Óscar, German y Octavio, acompaña hoy al equipo del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía quienes procederán con los trabajos de exhumación. Él describe sin precisión alguna como fue ese día. Recuerda y hace cómo que recuerda, fueron muchos los cadáveres que enterraron en aquellos años.

Ahora da las indicaciones para tratar de encontrarlos y habla del calor que afecta a los cuerpos, de la tierra dura que le impedía cavar a mucha profundidad y de su cansancio. De como se guiaba en aquella época por el muro o por los árboles para situar las fosas, ya que bajo su sombra se resguardaba para descansar. A tantos pasos abría el hueco. Esos árboles fueron talados por orden de la Alcaldía y por tanto borradas las pocas evidencias para encontrar de nuevo esos cuerpos.

Nadie dejó por escrito el lugar donde se enterraban.

Nadie les puso una lápida.

Nadie escribió el número de necropsia para su identificación.

Nadie cumplió con los protocolos. Con las normativas.

Nadie pensó que esos cuerpos tenían nombre, familia, una vida.

Nadie quiso pensarlo. 

 

En Diciembre de 2017, el sepulturero recordó e indicó dónde se encontraba la primera fosa en la que inhumó dos de los tres cuerpos que enterró como NN en agosto del 2008. A esta jornada no pudieron acudir las familias. Los técnicos desenterraron un cuerpo completo y un hueso de otro, pero por impedimentos técnicos no pudieron llevarse completo el segundo cuerpo. Tampoco fue posible buscar el tercer cuerpo. 

En mayo de 2018, se programó la segunda jornada para continuar con la búsqueda. En esta ocasión sí que pudieron acudir los padres de Óscar, Doris y Darío. 

Los días previos a la exhumación, junto a los padres caminamos entre la maleza del potrero preguntándonos: ¿dónde están? Y en ese caminar, las familias del propio barrio se acercaron a conversar. Todas eran conocedoras de la cantidad de cuerpos enterrados allí, están acostumbrados a ver a fiscales y antropólogos forenses por esas tierras, “cavan huecos y se llevan huesos”.

 

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Foto: © Ariel Arango

 

Durante esos días los vecinos del barrio compartieron su dolor con el de los padres “me desaparecieron a tres hijos”, “hace años que no sé dónde está el hermano de mi mamá”, “un día entraron a la casa, tiraron al suelo la puerta y se llevaron a mi hermano”. 

Pocas son las familias aquí que no han perdido a alguien. Y rara es la familia que se ha acercado al circuito institucional para presentar la denuncia por desaparición forzada. Por lo que ni siquiera son parte de las cifras. Sobreviven en su cotidianidad, y entre juegos y tinto, alguien dijo que vio un animal, dicen un cerdo con un hueso en la boca. 

Atardeció y ya casi en la oscuridad Doris, la madre de Óscar, a los pies del único gran árbol que queda en el potrero, levantó un altar a la memoria de su hijo, de German y de Octavio. Prendió velas. Rezó. Oró. Y trajo al lugar la humanidad que les había sido robada entre tanta barbarie. 

De nuevo los tres se juntaron en el corazón de una madre. 

 

Foto: © Ariel Arango

 

El 8 de mayo de 2018, diez años después, comenzaron de nuevo las palas a fracturar la tierra. Una bandada de pájaros sobrevoló el lugar. Aseguraron el perímetro. Y la pulcritud del procedimiento técnico forense pretendió contrarrestar los años de abandono de los cuerpos sepultados.

En esta fosa fueron enterrados dos de los tres jóvenes asesinados. Un cuerpo ya fue desenterrado en la primera exhumación, hoy buscaban al otro. De nuevo fue el equipo del CTI de la Fiscalía quien procedió. 

Pero los primeros restos humanos que recibieron la luz no fueron los buscados, sino los de un hombre mayor que se ahogó en un lago y como no tenía familia lo dejaron de nuevo en esa misma fosa. La indiferencia no permitirá encontrar el justo lugar para una sepultura que lleve su nombre. Ni siquiera un lápida, algo que indique dónde está. 

 

Casi al final de la jornada, apenas a 45 cm de profundidad, comenzaron a salir esos huesos que revelan una humanidad compartida y que fueron fracturados. Las heridas de balas muestran una verdad que se podrá tocar. Dicen que uno de los jóvenes recibió dos disparos, uno que le atravesó el cráneo desde debajo de la mandíbula y otro que le atravesó la ingle y salió por la espalda. Al otro dicen que ocho…

A pié de fosa, una delicada relación de intimidad y confianza brotó entre la madre que estaba ese día allí y varios niños del barrio, quienes observaban atentamente como hueso por hueso era extraído por el antropólogo y depositado en bolsas. Doris buscaba algo que le permitiera saber que ese era su hijo. Era la oportunidad de volver a estar con él.

Terminados los trabajos forenses avisaron al sepulturero quien de nuevo volvió a rellenar con tierra la fosa. Retiraron la cinta de seguridad y todo su material. Los huesos encontrados fueron precintados respetando la cadena de custodia y llevados a la morgue. Todo quedó reducido a un paquete de apenas unos centímetros que viajará por distintos laboratorios buscando su identificación, lo que puede demorarse hasta 8 meses más. O quién sabe cuánto.

 

La exhumación dejó su huella en la tierra. La fosa parecía un vientre. La madre, Doris, caminó sobre ella, mirándola y sintiéndose cerca de su hijo. La tierra cobró así un sentido que permitió venerar lo expuesto, lo encontrado, lo existente.

 

Foto: © Ariel Arango

 

Al día siguiente los trabajos forenses se retomaron para proceder a una prospección. Quedaba un cuerpo por encontrar. El área marcada por el sepulturero para el tercer cuerpo fue demasiado amplia. Sus descripciones nada precisas. Por ello se procedió por cuadrantes a realizar agujeros para ver sí la tierra fue removida alguna vez.

Casi ocho horas después no apareció nada. No hubo rastros. Lo que no fue una sorpresa para el personal de la Fiscalía, “es algo cotidiano con lo que convivimos. Incluso muchos de los testigos que nos dicen dónde están o no las fosas, son también paramilitares”. Toda una red de complicidades e impunidad que permite que sucedan estos hechos. 

Los padres, Darío y Doris, a pesar de la esperanza creciente de recuperar a su hijo, regresaron a su casa en Bogotá, a más de 800 km, para seguir viviendo con la incertidumbre de no saber dónde está Óscar. Sí seguirá abandonado en el “nuevo cementerio” o con suerte en la morgue de Medicina Legal esperando su identificación.

 

 

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Foto: © Ariel Arango

 

Los asesinos de estos tres crímenes siguen impunes. Están acusados: el Subteniente Julián Andrés Díaz Medina y los soldados Norberto Pinto Baraona, Jair David Medina España, Juan Elías Quiñonez Morales, Jorge Hernández Gutiérrez, Héctor Antonio Jaramillo Martínez y José Granados Peñaranda. Todos en libertad actualmente. 

Tratar de entender porqué un Estado permite y favorece asesinar a civiles para el enriquecimiento de aquellos que ostentan el poder o para aumentar su política de conteo de bajas en batalla, requiere no sólo de la indignación moral, el llanto y el dolor, sino la necesidad de saber qué fue lo que lo provocó, cómo y porqué Óscar, Germán y Octavio (y tantos otros) fueron víctimas de esas formas arbitrarias de violencia por parte del Estado colombiano, de su represalia violenta convertida desde hace décadas (siglos) en la norma de la vida política del país.

 

ANTE EL DEBER 20
Foto: © Ariel Arango

Dice Butler que la esfera pública está constituida en parte por lo que no puede ser dicho y lo que no puede ser mostrado. Los límites de lo decible, los límites de lo que puede aparecer. Y de hecho se sucede que ciertas formas de dolor son reconocidas y amplificadas nacionalmente, mientras que otras muertes se vuelven impensables.

Los “falsos positivos” saltaron a la esfera pública por el “caso Soacha”,  jóvenes de este municipio aparecieron muertos en Ocaña, Norte de Santander, era septiembre de 2008. Se contó y se mostró. Óscar, German y Octavio son tres de los miles que debemos sumar a esos jóvenes. Esos miles que no se están mostrando tanto. Que no se están contando. 

Y lo que es peor en ningún casó encontramos con fuerza el discurso crítico y el debate público sobre el sentido histórico de los acontecimientos. 

¿Por qué un Estado asesina a su población? ¿Por qué un Estado no cumple con el deber de enterrar adecuadamente a sus muertos generando así las mayores fosas del país en sus propios cementerios? ¿Qué clase de guerras permiten las democracias? Y por tanto qué tipo de justicias podemos encontrar hoy.


[Desgraciadamente estas palabras no son ficción.]

Foto: © Ariel Arango

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