En estos diez años, sus nombres han llegado a los diarios de circulación nacional, otros se han quedado en lo local, aislados unos de otros en la frialdad calculada de la estadística. Nombres que comenzaron a apilarse tras la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 entre las FARC-EP y el gobierno colombiano. En un intento por cuantificar el sufrimiento irracional y domesticar numéricamente la atrocidad, los listados vuelven a comenzar de cero en tiempos de posacuerdo. Casi como los análisis al respecto, los cuales hoy se centran en la negación de un conflicto armado nacional, reduciendo la amenaza a un problema de criminalidad y terrorismo financiado por el narcotráfico y la minería ilegal. Así quedó plasmado en uno de los eslóganes de la campaña de Abelardo de la Espriella, «Firme por la Patria», cuya propuesta de seguridad se basa en que «no hay conflicto armado, hay crimen organizado y narcoterrorismo». Metarrelato hegemónico que convive, a su vez, con ciertas teorías sobre la existencia de una multiplicidad de conflictos locales o con la tesis de la internacionalización del conflicto armado desde tiempos del Plan Colombia, junto con visiones más explicativas de confrontaciones territoriales marcadas por actores transfronterizos y conflictos binacionales. Un mapa de guerra fragmentada y asimétrica en el que hay que entender también qué clase de conformidad hace posible su permanencia.

Cada vez se hace más difícil nombrar o, más bien, saber qué queremos nombrar. De las alteraciones del orden público o el «bandolerismo» de mediados del siglo pasado, se pasó a hablar de una guerra irregular con el foco puesto en la «amenaza comunista», la «guerra subversiva» y la construcción del «enemigo interno», todo bajo la influencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Época que dio paso a la denominación del «conflicto armado interno», lo que abrió la posibilidad a ciertos procesos de negociación en los gobiernos de Betancur, Gaviria y Pastrana. Con el cambio de siglo, el lenguaje de la «amenaza (narco)terrorista» tomó fuerza: el país ya no estaba en guerra, sino que estaba siendo «atacado por criminales». Alineada con las políticas internacionales, la gramática del poder trajo nuevas categorías: «carteles del narcoterrorismo» y «grupos terroristas». Posteriormente, un nuevo lenguaje ofreció la posibilidad de los Acuerdos de Paz de 2016, bajo la consigna de un conflicto armado interno que «acababa con la guerrilla más antigua del continente», en un territorio que ya estaba imbuido en el narcotráfico y el despojo, e inundado de una compleja pluralidad de bloques, frentes y grupos armados en alianza con fuerzas políticas y económicas locales.

No hay duda de que en la actualidad una proporción grande de los paramilitares ya se han removilizado, conformando una diversidad de agrupaciones, que se ha ido consolidando alrededor de un proyecto más nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que como analiza el profesor Francisco Gutiérrez Sanín se han convertido hoy en un ejército, y de agrupaciones más locales que «en diferentes medidas logran apropiarse del legado de una variedad de jefes y patrones paramilitares en sus respectivas áreas de influencia». Por otro lado los Acuerdos de Paz dieron origen a dos disidencias, por un lado la Segunda Marquetalia y, por otro, el Estado Mayor Central, quienes compiten entre sí, y también se van fraccionando. A todos estos actores armados se les suma, quien ya parece ostentar ser la guerrilla más antigua del continente, el ELN.

Separación categórica de nombres y siglas que tiende a ocultar las hibridaciones entre sí. En este sentido, el profesor Gutiérrez continúa su análisis: «integrantes de las guerrillas y criminales comunes, a veces miembros de las agencias de seguridad del Estado, se funden en una sola fuerza o al menos actúan de consumo para capturar rentas». La guerra siempre es costosa.

La economía ilegalizada de la hoja de coca o de la planta de la marihuana, en determinadas regiones, está diseminada por todo el territorio al punto de haberse convertido en el motor de la economía regional, tal como sucede en el norte del Cauca. Por lo que erradicar un cultivo tiene consecuencias directas no sólo para las rentas de los grupos armados sino también para la vida de una gran parte de las comunidades.

Ante este escenario, los listados numéricos terminan teniendo su relativo protagonismo en tiempos de pacificación. Listados que, además, se fraccionan según quién cuenta y cuál es la categoría que define el detalle de vida que te permitirá estar en uno, en otro o en ninguno. Listados para líderes sociales o defensores de derechos humanos; la Fiscalía registra más de 1.300 asesinatos mientras que las organizaciones sociales ya reportan más de 1.800. Solo en 2025 se cifran en 196 los asesinados. Listados de eventos de desplazamientos forzados, se reportan más de 311.681 eventos para el 2025. Listados de feminicidios y de reclutamiento de menores. El informe de Desarmonías Territoriales en Çxhab Wala Kiwe para el primer semestre de este año cifra en 67, reconociendo el subregistro. Listados de masacres, 740 con casi 3.000 víctimas. El Ministerio de Defensa cifra para 2025 en 90 las masacres con 315 víctimas, y para lo corrido de este año, 59 con 214 víctimas. Listados de firmantes del Acuerdo de Paz asesinados, son ya casi 500. Cifra de municipios con presencia de fuerzas ilegales, a finales de este año, las estimaciones datan en 530 municipios (casi la mitad de los municipios del país).